¿Fin a las plusvalías municipales?

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La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el impuesto en la venta de inmuebles, sentará las bases para un cambio de su modelo. El fallo, a favor del contribuyente, implica la eliminación de la plusvalía cuando no se ha producido una ganancia económica en la venta de la propiedad.

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Pero ¿qué es la plusvalía?

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La plusvalía municipal es un impuesto creado para gravar las revalorizaciones de los inmuebles en el momento de la venta.  Su cálculo se realiza, de forma objetiva, a partir de los años trascurridos desde su compra y su valor catastral.

No sólo es esta tasa independiente de si la propiedad ha perdido o ganado valor, sino que presupone que la vivienda siempre sube, generando pues un incremento económico irreal. Esto implica, por tanto; un abono a los entes municipales sea cuál sea el contexto de la transacción (inclusive cuando se ha perdido valor en la venta de la propiedad).

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¿Qué implica el fallo?

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La normativa que legisla la plusvalía es increíblemente provechosa para los ayuntamientos. Así, intentando evitar un considerable descenso en la recaudación de los mismos; la redacción de la sentencia ha sido especialmente cuidadosa. De hecho, es por esta misma razón, por los altos ingresos generados en las entidades locales, que la ley de plusvalía en sí misma no contempla la bajada de precios en los pisos.

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De consecuencia, el fallo de la sentencia no implica una modificación de la jurisdicción a gran escala, pero sí introduce una excepción en el caso de que no existan beneficios en la venta del inmueble. Gracias al cambio, este tipo de contribuyente no deberá pagar el tributo de plusvalía.

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Los contribuyentes que sí hayan obtenido algún tipo de beneficio en el negocio, seguirán vinculados al pago de la tasa.

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¿Qué ha pasado?

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Una empresa contribuyente de Irún fue obligada a pagar, casi 18000€, por el traspaso de un inmueble en el que había perdido 2.400.000€ (contando la diferencia entre su compra y su venta). El recurso que la compañía presentó en el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo, consideraba que el impuesto podría ser contrario al principio de capacidad económica, (previsto en el artículo 31 de la Constitución), y ha sido aceptado por el Tribunal Constitucional basándose en una normativa foral.

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Entonces ¿es una norma sólo para Guipúzcoa?

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En principio podría parecer que sí (y de hecho actualmente sólo es aplicable en esta región), pero en breve habrá un recurso parecido a nivel estatal. Esta afirmación, llegada a “el Confidencial” desde sus fuentes jurídicas, implicaría que todas aquellas ventas de inmuebles cuyo precio de venta fuera menor que el precio de compra, no deberán pagar el impuesto adicional relativo a esta transacción.

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Este cambio en la normativa no es de carácter retroactivo; las personas que pagaron no podrán reclamar lo que no hicieran en su debido momento.

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